Las luchas ambientales están marcadas también, en la lucha por la vida.

El derecho a una vida digna ha sido nuestro principal objetivo. Este pasa por reconocernos como agentes vivos que interactuamos con el planeta. El proceso no ha sido fácil, al ser responsables de lo que ocurre hoy con el calentamiento global o la crisis ecológica, a pesar de las luchas contra el sistema capitalista salvaje. Cuando somos defensores de derechos humanos y nos reconocemos en las luchas diarias y cotidianas, que hacen nuestros pueblos lejos de las grandes ciudades capitales, encontramos multiplicidad de intereses comunes e intereses excluyentes dirigidos a la explotación y el enriquecimiento desmedido.

Muchos territorios de nuestro país han pasado por múltiples luchas ambientales, en las cuales la población ha sido objeto de violación de derechos humanos en términos de despojo de tierras, violaciones, masacres y desapariciones, todos estos eventos no solo afectan al individuo, sino también el espacio de tierra en que se encuentra.

Hay comunidades indígenas que, como derecho propio cuidan sus territorios sagrados, pero la pobreza y el olvido del Estado, los ha llevado a negociar con quienes tengan el poder de las armas y tras ellos el poder del capital económico; en otros casos negocian, los despojan o matan. Hace unos años viví la experiencia con indígenas en el eje cafetero, allí se negociaba y solo ellos permitían con quienes hacerlo; comunidades con poder de negociar y otras sumidas en la miseria en un territorio que no les provee de nada.

En mis recorridos a nivel regional, por fortuna he dado con organizaciones en donde ricos y pobres tienen una lucha en común. Esta el caso de la “Ruta del Cacao”, localizada en el municipio de Lebrija, allí el desarrollo que se pretende dar a la región para sacar mayor provecho a ese producto, pasa por deforestación y encarecimiento para la movilidad de propios y extraños, mejores vías y más peajes. Así mismo en la construcción de la ruta oriental, para dar paso al tráfico de pasajeros y productos, la denuncia de habitantes de veredas de los municipios de Piedecuesta y Bucaramanga, que ven como talan casi 20 mil árboles, acabando con fauna y flora endémica; esto poco o nada beneficia a la comunidad y si atenta contra el ecosistema del lugar.

Seguimos ante la crisis ecológica, fomentada por el desarrollo económico que arrasa a su paso, sin concertación alguna con sus habitantes, sean o no beneficiados y no entendemos los límites del planeta y la justicia y ética socio-ambiental.

Hace unos años, llegó al país la idea de los biocombustibles, en reemplazo de combustibles fósiles, el cultivo de Palma Africana, luego de ver la crisis energética en ciernes. Pero tras ellos el gran negocio, ya que se dieron a la tarea de comprar miles de hectáreas en los Llanos Orientales, Bajo Atrato en Chocó y las Pavas en el sur de Bolívar, sin un diseño previo que nos brindara equilibrio alimentario por la sustitución de cultivos. Y con ellos se fortalecieron los grandes empresarios del agro combustible, que llevaron a esas tierras a grupos paramilitares que sembraron zozobra y decenas de familias lo dejaron todo, para salvar sus vidas y engrosaron las cifras de despojo de tierras y desplazamiento forzado. Ahora bien, en nuestro país vivimos en constante temor y son las regiones las que más sufren la violencia, impuesta por los dueños del capital, que se las ingenian para cada día tener más, pasando por la explotación de nuestros trabajadores sean mineros o cultivadores de palma.

Lo que se necesita para no llevar en este caso al país a una profunda crisis alimentaria, es el diseño de políticas sostenibles que se lleven a la realidad y esto pasa por compromisos políticos serios; en donde el desarrollo productivo en equilibrio permita mejores condiciones para una vida digna, es lograr que las políticas públicas nos brinden la seguridad de un modelo de desarrollo sostenible y la sociedad se comprometa con ellas en sinergia con el Estado. Es tarea y compromiso de todos. Solo así podremos revertir la crisis ecológica, por la que atravesamos desde hace varias décadas. Pero la cosa no cambia nos falta compromiso, hace poco en el humedal Tibabuyes en Suba-Bogotá, varios jóvenes fueron agredidos por orden de la alcaldesa de Bogotá, tras el desalojo del campamento allí ubicado hace 8 meses. Hoy se han dado a conocer videos en los que se observan agentes del ESMAD quemando un bus, de esto inculparon a los jóvenes y también a quienes velamos por su seguridad.

Amar el planeta es nuestra única salida. Con gobiernos amantes del dinero y de la tierra arrasada, es imposible asegurar un futuro mejor.

Miércoles 18 de agosto de julio de 2021

Por Mary Luz Herrán C.